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Estructura básica de la Constitución española

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En democracias, como es nuestro caso, la soberanía reside en el pueblo. Soberanía significa el poder supremo en un Estado; es el poder al que están sometidos el resto de todos los poderes. Lo dice nuestra Constitución (artículo 1.2): “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”. Es el pueblo el que aprobará la Constitución y el pueblo se compone de todas aquellas personas que disfrutan de los derechos de ciudadanía (fundamentalmente los derechos políticos de elegir y ser elegidos)

La Constitución es, pues, el conjunto de reglas del máximo nivel aprobadas o aceptadas por un pueblo con vocación de permanencia a lo largo del tiempo. Cuando se dice que son reglas del máximo nivel queremos decir que ninguna ley, decreto o norma de cualquier tipo y autoridad puede contradecir lo establecido en la Constitución. Si lo contradijera será nula y no podrán aplicarla ni los gobiernos ni los tribunales.

Hay Constituciones escritas y constituciones no escritas. Hay países, como por ejemplo el Reino Unido, Nueva Zelanda o Israel, en los que la constitución no está escrita. En este caso la constitución es el conjunto de costumbres y prácticas que surgieron hace tiempo y son aceptadas por la sociedad como sus reglas de máximo nivel. Sin embargo, normalmente, como ocurre en España, la Constitución se expresa en un documento escrito elaborado por los representantes del pueblo y ratificadas mediante referéndum por el propio pueblo.

Las Constituciones tienen en la actualidad dos funciones capitales. En la parte orgánica, determina los órganos a través de los cuales el pueblo ejercerá su poder supremo. En la parte dogmática o material, fija las libertades y derechos que tendrán los habitantes (no sólo los ciudadanos) del territorio al que se aplica la Constitución. Veamos esto brevemente.

Parte orgánica de la Constitución.

La soberanía del pueblo se articula a través de tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Uno de los cometidos, decíamos, de toda constitución es determinar quiénes ejercerán cada uno de estos poderes y cómo lo ejercerán.

Poder legislativo.

A la regulación del poder legislativo dedica nuestra Constitución el Título III (del artículo 66 al 96). Las Cortes Generales son quienes representan el pueblo español, ejercen la potestad legislativa (aprobar leyes) aprueban los Presupuestos del Estado, elegen al Gobierno y lo controlan.

La Constitución ha fijado asimismo que las Cortes Generales se componen de dos cámaras – el Congreso de los Diputados y el Senado-, cómo se eligen cada una de ellas, la duración de su mandato, el funcionamiento de sus Comisiones, el procedimiento de elaboración de las leyes y decretos leyes así como la ratificación de los Tratados internacionales.

Poder ejecutivo

A la regulación del funcionamiento del Gobierno y de la Administración ha dedicado la Constitución su título IV (del artículo 97 al 107). El Gobierno es elegido por los Diputados; esto es, por nuestros representantes. Dirige la política interior y exterior, la Administación civil y militar así como la defensa del Estado. Es un órgano ejecutivo que puede dictar reglamentos, cuya validez dependerá de que respeten todo los que establece la Constitución.

La Constitución regula la elección por el Congreso del Presidente del Gobierno a través del debate de investidura y su cese a través del voto de censura. También regula el nombramiento de los Ministros por el Presidente, la responsabilidad del Gobierno ante las Cámaras, los principios básicos de la Administración civil y militar, así como de la defensa del Estado.

Dada su importancia, la Constitución dedica el título V (artículos 108-116) a regular las relaciones del Gobierno con el parlamento.

Poder Judicial

Un tercer poder del Estado es el llamado poder judicial al que el título VI está dedicado (artículos 117-127). La justicia, dice nuestra Constitución (art.117) “emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”.

El texto constitucional, desarrolla en este título estas características así como su gobierno (el Consejo del Poder Judicial), el más alto tribunal (el Tribunal Supremo), el Ministerio Fiscal, la institución del jurado, la policía judicial y las incompatibilidades de jueces, magistrados y fiscales.

La organización territorial del poder

Título VIII (artículos 137-158) El pueblo soberano, en ejercicio de su poder constituyente, decidió igualmente repartir territorialmente el ejercicio de su poder. Se partía de la base de que la mejor forma proteger los derechos y libertades era dividir el ejercicio del poder entre la administración local, las Comunidades Autónomas y los órganos centrales del Estado.

Por eso nuestra Constitución regula las funciones de lo que se denomina Administración local (municipios y provincias) y, fundamentalmente, todo lo referido a las nuevas Comunidades Autónomas como la elaboración de sus Estatutos, sus competencias (tanto las de las Comunidades como las del Estado), las relaciones entre las Comunidades, la Administración local y el propio Estado, las normas básicas de la organización de las Comunidades Autónomas (Asambleas legislativas y Gobierno) y los recursos de las Comunidades Autónomas.

Parte material de la Constitución

Pero la Constitución no sólo regula, en su parte orgánica, el funcionamiento de los poderes del Estado, con sus competencias, sus limitaciones y sus relaciones, sino que, a diferencia de lo que ocurría en el siglo XIX, las Constituciones hoy en día suelen contener además la declaración de todos aquellos derechos y libertades de los ciudadanos, así como las de los extranjeros. Es la parte dogmática o material de la Constitución y que, en el caso español, es especialmente rica.

Para señalar su importancia, el constituyente colocó su regulación en el título I (artículos 11 al artículo 55), En este título se establece quienes serán españoles y tendrán reconocidos los derechos de ciudadanía plena, así como los derechos que se reconocen a los extranjeros en España. En cuanto a los derechos y libertades, la Constitución diferencia entre “los derechos fundamentales y libertades públicas” (derecho a la vida, libertad ideológica y religiosa, derecho a la libertad personal, a la intimidad e inviolabilidad del domicilio, de residencia y circulación, de expresión de las ideas, de reunión, de asociación, de participación, de acceso a la justicia, la libertad de enseñanza y el derecho a la educación, de autonomía universitaria, del derecho a la huelga o del derecho de petición”. Asimismo regula los derechos y deberes de los ciudadanos, los principios rectores de política social y económica, las garantías de las libertades y derechos fundamentales así como la posibilidad excepcional de su suspensión.

Esta es la parte material de la Constitución.

El Tribunal Constitucional

Con el objetivo de que todos estos poderes respeten escrupulosamente tanto la parte orgánica como la parte material de la Constitución y adecúen el ejercicio de sus respectivos poderes a la misma, se estableció un Tribunal Constitucional, compuesto por 12 magistrados, designados por el Congreso, por el Senado, por el Gobierno y por el Consejo General del Poder Judicial.

Es el órgano competente para conocer: a) de los recursos en el caso de que una ley contradiga lo dispuesto en la propia Constitución (recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley (artículo 161.1,a); b) del recurso de amparo por violación de derechos y libertades (artículo 161.1b); c) de los conflictos entre el Estado y las Comunidades por el ejercicio de sus respectivas competencias (artículo 161.c) y d) de las demás materias que le puedan atribuir la Constitución o las leyes orgánicas.

El Tribunal Constitucional es el intérprete supremo de la Constitución.

La Reforma de la Constitución

Aunque la Constitución tiene vocación de permanencia, es evidente que las sociedades evolucionan. Con el paso del tiempo, aparecen nuevas ideas, nuevos valores y nuevos proyectos que pueden entrar en contradicción con lo que hace años estableció el pueblo español. Por eso nuestra Constitución está abierta a la reforma de todos y cada uno de los artículos de la misma y establece los procedimientos para su cambio total o parcial. Cada generación, pues, tiene la oportunidad de modificar la Constitución siguiendo los procedimientos para su reforma, ciertamente más complicados que los exigidos para aprobar una ley. Es una Constitución viva.

Actualizado el 30 julio 2020

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